Esta sesión se centró en los fundamentos detrás de las políticas sociales y climáticas de las empresas. Consistió en un diálogo inicial entre Clara Rey, directora de sostenibilidad de Repsol, y Tomás Conde, director de ESG y sustainable finance en N World, moderado por Joan Fontrodona, director del departamento de ética empresarial del IESE Business School.

1. Ponencia principal

1.1. El cambiante contexto político mundial

El debate actual sobre las políticas sociales y climáticas en las empresas implica muchos elementos diferentes, como el contexto geopolítico, los riesgos para la reputación y las consideraciones éticas. El estado actual de la política mundial ha cambiado considerablemente desde la elección del presidente estadounidense Donald Trump. Algunas de sus políticas y cambios están empezando a afectar directamente a las empresas. Por ejemplo, el 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14151, titulada “Eliminación de Programas y Preferencias Gubernamentales Radicales y Despilfarradores de DEI”, que refleja la postura de la administración sobre la DEI e iniciativas similares, que las considera una fuente de discriminación inversa y algo que puede alejar a las instituciones de los principios de mérito y capacidad. Este cambio de política ha repercutido en el debate sobre las responsabilidades sociales y económicas de las empresas, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

1.2. La complejidad de las regulaciones europeas de sostenibilidad

En Europa específicamente, ha habido discusiones sobre la idoneidad y la sobrecarga de las regulaciones ambientales y sociales existentes, lo que ha llevado a algunos a preguntarse sobre una posible desaceleración o regresión en los esfuerzos de sostenibilidad, o una posible “involución en sostenibilidad”. Esto está relacionado con la tendencia de los europeos a centrarse en la regulación, lo que a veces puede llevar a una posible sobrerregulación.

Líderes empresariales europeos, como Christian Bruch, director ejecutivo de Siemens Energy, han expresado su preocupación de que “la carga que representan las regulaciones destinadas a medir el impacto ambiental de las empresas es desproporcionada en relación con los beneficios”. Concretamente, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha sido criticada por la dificultad que supone para las empresas cumplir con ella y por imponer cargas desproporcionadas, especialmente a las PYMEs, debido a los altos costes de cumplimiento.

En el informe Draghi (2024), se citó que los costes de cumplimiento representan hasta el 12,5% de los volúmenes de inversión de empresas medianas. El coste de cumplir con la CSRD en 2024 fue casi cinco veces el coste de los informes de sostenibilidad en 2023, lo que podría suponer una carga significativa para las empresas más pequeñas. Otras dificultades para cumplir con la CSRD incluyen la necesidad de reportar datos irrelevantes y conflictos con las leyes locales.

La CSRD es solo un ejemplo de las regulaciones europeas que abruman a las empresas. Otras mencionadas fueron la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y la Taxonomía de la UE para actividades sostenibles. Este conjunto de regulaciones y su complejidad es lo que impulsa la percepción de que hay una sobrecarga regulatoria en Europa. Aunque el razonamiento detrás de estas regulaciones suele ser positivo, buscando mayor orden, coherencia, comparabilidad y transparencia en la sostenibilidad empresarial, su implementación y ejecución se consideran excesivamente complejas.

1.3. Motivaciones detrás de políticas sociales y climáticas

Si bien las regulaciones juegan un papel clave en la definición de las políticas empresariales sobre sostenibilidad social y climática, las decisiones corporativas no responden únicamente al marco normativo. También están fuertemente influenciadas por las expectativas y presiones de los inversores, en particular aquellos alineados con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), quienes exigen transparencia y compromiso con prácticas sostenibles. Al mismo tiempo, las empresas deben ganarse la confianza de un ecosistema diverso de grupos de interés —accionistas, entidades financieras, clientes y comunidades locales—, lo que se conoce como la “licencia social para operar”.

Contar con políticas sólidas en materia ESG no solo responde a exigencias externas, sino que se ha consolidado como un indicador de competitividad empresarial, ya que permite evaluar la viabilidad y resiliencia a largo plazo de las organizaciones. No obstante, el equilibrio entre estas demandas del mercado y un entorno regulatorio cada vez más fragmentado y complejo plantea desafíos estratégicos importantes.

A pesar de ello, persisten posturas críticas que cuestionan la autenticidad de los compromisos empresariales con la sostenibilidad. Algunos sostienen que las políticas ESG han surgido principalmente como respuesta al cumplimiento normativo, lo que ha derivado en acusaciones de greenwashing o en prácticas superficiales más orientadas a la imagen que al impacto real. Si en ciertas regiones el empuje regulatorio y social estuviera disminuyendo, cabe preguntarse si los compromisos actuales en materia de diversidad, equidad, inclusión (DEI) y sostenibilidad ambiental se mantendrán o comenzarán a erosionarse. En este contexto, emerge una pregunta fundamental: ¿están guiadas estas políticas por convicción ética o por cálculo reputacional?

En el pasado, uno de los principales incentivos para adoptar iniciativas sostenibles fue el concepto de “elegibilidad”: muchas empresas buscaban mejorar su posición en procesos de selección de proveedores, licitaciones públicas y contratación privada, mostrando así credenciales sólidas en sostenibilidad como parte de su gestión de riesgos y posicionamiento estratégico.

Más recientemente, el enfoque financiero ha ganado fuerza. Desde esta óptica, las iniciativas ESG se perciben como herramientas de gestión del riesgo financiero, donde la materialidad económica es el principal criterio. No obstante, el concepto de doble materialidad —que considera tanto los efectos de la empresa sobre el entorno como los impactos del entorno en la empresa— ha ampliado el marco de análisis. Aun así, se argumentó que, en la práctica, muchas compañías siguen dando prioridad a la materialidad financiera como criterio predominante.

Bajo esta lógica, la sostenibilidad empresarial se justifica por el “business case”: se adopta porque genera beneficios, mejora la competitividad o protege la rentabilidad. Sin embargo, durante la deliberación también se subrayó la importancia de recuperar el “moral case”: la convicción de que asumir responsabilidades sociales y medioambientales no debería depender exclusivamente de su rentabilidad, sino de un compromiso ético con la sociedad. Desde esta perspectiva, ser sostenible implica estar dispuesto, en algunos casos, a sacrificar beneficios en favor del bien común. Esto plantea un debate central para muchas organizaciones, que enfrentan la tensión entre ser rentables y ser responsables, y que rara vez están dispuestas a renunciar a lo primero para garantizar lo segundo. Tal vez la pregunta más honesta que una empresa podría hacerse no es: “¿cuánto puedo ganar siendo sostenible?”, sino: “¿cuánto estoy dispuesta a dejar de ganar por serlo?”

Se reconoció ampliamente la necesidad de simplificar el actual entorno regulador de la sostenibilidad, y de avanzar hacia una aplicación más práctica y operativa. Para lograrlo, será clave que responsables políticos y empresas colaboren más estrechamente en la elaboración de marcos normativos que sean tanto eficaces como viables. A su vez, se instó a las empresas a mejorar su forma de comunicar los esfuerzos de sostenibilidad, haciéndola más clara, comprensible y accesible para todos los grupos de interés.

De lo contrario, existe el riesgo de una creciente “fatiga de sostenibilidad”, derivada de la complejidad técnica y la proliferación de conceptos difíciles de traducir en acciones concretas. En última instancia, el futuro de las políticas climáticas y sociales en el mundo empresarial probablemente requerirá un delicado equilibrio entre principios éticos, reputación corporativa y realismo regulatorio, de modo que se fomente un progreso tangible hacia un futuro más sostenible sin paralizar la capacidad operativa de las empresas.

2. Deliberación en grupos

Preguntas para la deliberación

El actual entorno geopolítico nos obliga a repensar de nuevo el concepto de responsabilidad social y medioambiental empresarial ¿cuál debería ser el principal fundamento de las políticas sociales y climáticas de las empresas?

¿Son eficientes en el largo plazo las políticas sociales y climáticas de las empresas?

1. El actual entorno geopolítico nos obliga a repensar de nuevo el concepto de responsabilidad social y medioambiental empresarial ¿cuál debería ser el principal fundamento de las políticas sociales y climáticas de las empresas?

Varios participantes coincidieron en que el actual contexto geopolítico obliga a repensar el concepto de sostenibilidad y su lugar en las prioridades estratégicas. Mientras algunos vieron en esta coyuntura una oportunidad para un “borrón y cuenta nueva”, otros defendieron con firmeza la necesidad de que la Unión Europea mantenga su liderazgo en esta agenda, no solo como compromiso interno, sino como palanca de influencia global. Hubo consenso en que un repliegue en materia de sostenibilidad por parte de la UE podría poner en riesgo los avances ya conseguidos y debilitar su credibilidad internacional.

Contar con un marco regulatorio robusto fue interpretado, no como una carga, sino como una posible ventaja competitiva estratégica frente a otras regiones del mundo. En última instancia, la idea que más peso tuvo en el debate fue la urgencia de que la UE articule una estrategia clara, coherente y proactiva ante el nuevo escenario geopolítico, capaz de preservar sus principios sin perder capacidad de acción e influencia.

En relación con los fundamentos de las políticas sociales y climáticas adoptadas por las empresas, varios participantes expresaron la convicción de que su origen no es estrictamente empresarial, sino que responde, en esencia, a impulsos de naturaleza moral y política. Según esta perspectiva, la noción de sostenibilidad no surgió de una lógica corporativa interna, sino que fue articulada a través del debate político, las normas públicas y la presión social. En este sentido, se subrayó que su legitimidad se ancla en principios éticos colectivos, más que en decisiones estratégicas impulsadas desde el mundo empresarial.

A lo largo del debate, varios participantes expresaron una crítica contundente hacia lo que perciben como una politización excesiva y una sobrerregulación del concepto de sostenibilidad. En particular, se cuestionó la normativa europea —como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD)— por su carácter excesivamente técnico, burocrático y poco operativo en la práctica. Desde esta perspectiva, se pidió avanzar hacia una despolitización del marco normativo y hacia una mayor coherencia entre las regulaciones relativas a las actividades ambientales, sociales y de gobernanza. También se puso en duda que este enfoque normativo, con fuerte carga política, constituya un fundamento adecuado para generar un impacto social y medioambiental efectivo.

En contraste, otros participantes defendieron que la legitimidad de las democracias representativas es suficiente para establecer los límites dentro de los cuales las empresas deben actuar, siempre que esos límites reflejen fielmente los valores de la sociedad. En general, se destacó la necesidad de una regulación más inteligente, basada en principios, menos burocrática y más enfocada en facilitar el cumplimiento efectivo, en lugar de imponer un volumen creciente de exigencias difíciles de implementar.

Una segunda corriente de opinión apuntó a que el motor de las políticas medioambientales y sociales debería ser la libertad empresarial. Desde esta visión, las compañías deben contar con la autonomía suficiente para operar de forma responsable dentro de un marco legal general, confiando en que el mercado, a través de las preferencias de consumidores e inversores, actúe como principal regulador. La competitividad, en este enfoque, se convierte en el principal incentivo para adoptar políticas sostenibles.

Dentro de este marco surgieron debates en torno a la idea de que “ser bueno es rentable”, así como sobre el papel creciente de la inversión de impacto. Algunos participantes defendieron que existe una demanda creciente por parte de los consumidores hacia empresas más responsables desde el punto de vista medioambiental o social. No obstante, se matizó que esta lógica no aplica por igual en todos los sectores. En industrias como la farmacéutica o la tecnológica, se argumentó que la normativa europea sobre sostenibilidad podría incluso estar generando desventajas competitivas frente a empresas de otras regiones con marcos regulatorios menos exigentes.

Más allá del binomio entre regulación y rentabilidad, una tercera perspectiva propuso que las políticas sociales y climáticas de las empresas deberían basarse en principios éticos y valores fundamentales. Bajo esta lógica, una organización con valores claros —por ejemplo, en relación con los derechos humanos en su cadena de suministro— podría estar dispuesta a sacrificar parte de su rentabilidad para garantizar el cumplimiento de esos principios, como elegir un proveedor más caro pero éticamente responsable.

Sin embargo, también se planteó que la ética y la moral son cualidades propias de los individuos, no de las organizaciones. Por tanto, la responsabilidad ética de una empresa recaería en quienes la dirigen y forman parte de ella, y no en la entidad jurídica en abstracto. A partir de esta reflexión, algunos participantes defendieron que, si bien los valores son importantes, las empresas no pueden ni deben anteponer siempre la ética a la rentabilidad, ya que tienen la obligación —en muchos casos legal— de maximizar el valor para sus accionistas.

En última instancia, se concluyó que debe buscarse un equilibrio dinámico entre ética, normativa e intereses empresariales. Si los individuos que componen una sociedad democrática tienen valores éticos sólidos, ese ethos colectivo debería reflejarse en el diseño de las normativas que rigen la actividad empresarial. A su vez, las empresas podrían aplicar políticas sociales y medioambientales tanto en respuesta a las convicciones éticas de sus equipos directivos como para responder a una demanda creciente de ética en el mercado, que puede convertirse también en una palanca para mejorar su desempeño económico.

2. ¿Son eficientes en el largo plazo las políticas sociales y climáticas de las empresas?

Los participantes se mostraron escépticos sobre si las actuales políticas sociales y climáticas de las empresas son eficientes a largo plazo. Se dieron muchas razones diferentes para apoyar esta idea, la mayoría relacionadas con el estado de las normativas existentes. Se argumentó que las normativas actuales, demasiado complejas y detalladas, son ineficaces porque aumentan los costes para las empresas sin garantizarles resultados positivos a largo plazo. En opinión de los participantes, esto se debe a que la atención se centra actualmente en la presentación de informes y el cumplimiento de la normativa, en lugar de en la integración estratégica de la sostenibilidad y, por tanto, podría no ser eficaz a la hora de lograr un impacto real. Otras críticas al sistema actual es que se asemeja a un “control de gestión” o incluso a un “sistema religioso”. Por último, los múltiples grupos mencionaron la falta de una estrategia europea clara en materia de sostenibilidad, y que la normativa establecida debería seguir un plan estratégico para ser eficaz y tener impacto.

Para que las políticas sociales y climáticas sean eficientes a largo plazo, algunos participantes sugirieron que depende de cómo se diseñen e integren estas políticas en el modelo de negocio de una empresa. Sostuvieron que si la sostenibilidad se incorpora realmente a la empresa y está impulsada por intereses empresariales como la gestión de riesgos, la eficiencia de los recursos o las ventajas competitivas, podría ser sostenible a largo plazo. También se sugirió que si se hiciera hincapié en los incentivos de las prácticas sostenibles, en lugar de basarse puramente en el cumplimiento, también podría ser más eficaz.

Aparte de que las políticas de sostenibilidad estén alineadas con los intereses empresariales, se mencionó que el éxito y la eficacia a largo plazo también podrían ser el resultado de una base de auténtico compromiso ético de la empresa. Esto se debe a que las políticas impulsadas únicamente por presiones normativas o problemas de reputación pueden ser menos sólidas y eficientes que las que se basan en los valores fundamentales de la empresa.

Algunos mencionaron que la eficacia de las políticas medioambientales y sociales también depende del contexto en el que se establecen. Un participante destacó el hecho de que muchas iniciativas relacionadas con la conciencia social y medioambiental surgen después de una crisis, y que si bien las normativas actuales podrían ser una respuesta a crisis percibidas en la sociedad y el medio ambiente, aún tenemos que ver si van a ser eficientes o no a largo plazo. Otro participante mencionó que cuando los reguladores o las empresas establecen políticas u objetivos relacionados con la sostenibilidad, tienen que tener un calendario claro y entender cuánto tiempo va a llevar que estas iniciativas sean efectivas, y que luego tienen que comprometerse con las iniciativas. Se mencionó que esto es difícil de conseguir porque el horizonte que se establece a menudo se retrasa.

Por último, la eficacia de las políticas medioambientales y sociales de las empresas también depende del apoyo de la demanda del mercado, que se basa en que los individuos asuman su responsabilidad como consumidores para apoyar a las empresas más sostenibles. Si los consumidores no valoran ni apoyan a las empresas que tienen prácticas sostenibles, la eficacia a largo plazo de las políticas de estas empresas será limitada.

3. Conclusiones de la deliberación

La sesión 3 del foro estuvo marcada por una reflexión profunda sobre el nuevo contexto geopolítico y su impacto en la responsabilidad social y ambiental de las empresas. A continuación enumeramos las principales conclusiones:

Muchos participantes coincidieron en que este entorno de tensiones políticas, cuestionamientos ideológicos y reconfiguraciones normativas obliga a repensar el concepto de sostenibilidad y a revisar los fundamentos sobre los cuales se construyen las actuales políticas sociales y climáticas corporativas.

Aunque algunos vieron en esta coyuntura una oportunidad para redefinir prioridades —incluso con un “borrón y cuenta nueva"—, otros defendieron que la Unión Europea debe mantener su liderazgo normativo y su estrategia climática y social como una palanca de influencia global. Cambiar de rumbo podría debilitar la credibilidad del proyecto europeo y erosionar logros alcanzados con gran esfuerzo. En este sentido, contar con una regulación sólida y coherente se percibió como una ventaja competitiva estratégica, que podría consolidar el papel de Europa en el nuevo orden global.

Uno de los puntos más debatidos fue el fundamento ético, estratégico o normativo de las políticas empresariales de sostenibilidad. Algunos participantes sostuvieron que la sostenibilidad nace de impulsos morales y políticos, y no de la iniciativa espontánea del mundo corporativo. Desde esta perspectiva, su legitimidad se deriva del mandato democrático y de la presión social, más que de una convicción intrínseca de las empresas. Otros, en cambio, subrayaron que las empresas deben tener la libertad de actuar de forma responsable dentro de un marco legal claro, siendo el mercado —a través de consumidores e inversores— el principal regulador de sus conductas.

En este punto, se puso en valor la idea de que “ser bueno puede ser rentable”, aunque también se señaló que esto no es universal ni se aplica por igual en todos los sectores. En algunos, como el farmacéutico o el tecnológico, las exigencias normativas europeas podrían incluso suponer una desventaja competitiva frente a otras regiones.

También se abordó la tensión entre el "business case" (la sostenibilidad como estrategia para el crecimiento) y el "moral case" (la sostenibilidad como obligación ética). Algunas voces defendieron que las empresas deben estar dispuestas, en determinados contextos, a sacrificar parte de su rentabilidad para actuar de forma coherente con sus valores. Sin embargo, otros recordaron que la ética es una cualidad propia de las personas, no de las entidades jurídicas, y que la responsabilidad ética de la empresa está, en última instancia, en quienes la dirigen y representan.

Frente a este debate, emergió un principio compartido: es necesario encontrar un equilibrio inteligente entre regulación, ética e intereses empresariales, que permita avanzar hacia modelos sostenibles sin comprometer la viabilidad económica.

En cuanto a la eficacia a largo plazo de las políticas sociales y climáticas, hubo escepticismo respecto a si el modelo actual es capaz de generar un impacto sostenido. La excesiva complejidad y carga burocrática de ciertas regulaciones, como la CSRD, fue señalada como un obstáculo que desincentiva la integración estratégica de la sostenibilidad en los modelos de negocio. Se cuestionó que el foco actual esté en el cumplimiento y la rendición de cuentas formal, más que en el cambio estructural.

Se sugirió que la eficacia de estas políticas dependerá en gran medida de cómo se diseñen e integren en la estrategia empresarial, así como de la claridad en los calendarios de implementación y de la coherencia de los marcos normativos. También se destacó que las políticas que responden a una convicción ética y se alinean con los valores de la empresa suelen ser más sostenibles en el tiempo que aquellas motivadas exclusivamente por presiones reputacionales o regulatorias.

Por último, se subrayó que la eficacia de las políticas sociales y ambientales no depende solo de las empresas o los reguladores, sino también de los consumidores. Si la demanda del mercado no valora ni premia el compromiso sostenible, los incentivos se debilitan. En ese sentido, el comportamiento de los individuos como ciudadanos y consumidores es parte inseparable de la ecuación para construir un futuro más justo y sostenible.