Cartel durante la jornada de protesta del sábado 3 de febrero en Tribulete 7 | Foto: XLAVAPIES.COM

Cuando las 54 unidades familiares que viven en el edificio del número 7 de la calle Tribulete se enteraron de que el fondo buitre Elix Rental Housing SOCIMI II tenía intención de comprar el inmueble en el que están alquilados, y que de cerrarse esa operación todas ellas irían recibiendo escalonados comunicados de no renovación de sus respectivos contratos, decidieron hacer todo el ruido posible para denunciar lo que está a punto de sucederles.

Su protesta se materializó hace dos sábados en forma de multitudinaria jornada musical y continuará este martes con una concentración, a las 17 horas, ante la sede de la empresa (Serrano, 51) que pretende convertirse en su próximo casero y cerrar la adquisición tanto de su edificio como el de otros dos -situados en el número 1 de la calle Salvia y en el 5 de la calle Boldano- si esta misma tarde su junta de accionistas aprueba una ampliación de capital.

MAESTRE, ALMEIDA Y MAROTO

Mientras que, apoyados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y asesorados por su abogada, Alejandra Jacinto, los vecinos de Tribulete 7 echan el resto para presionar tanto a los actuales cuatro propietarios del inmueble e intentar que no vendan como a los futuros dueños para tratar que no compren o que, de hacerlo, se avengan a negociar con ellos unos alquileres justos que les permitan continuar viviendo en el edificio, su caso ha saltado al ruedo político en forma de declaraciones cruzadas entre partidos.

Fue Más Madrid, a través de su líder, Rita Maestre, la que arrancó la semana pasada desmarcándose con una petición, sin armazón alguno, que ha sido calificada de populista por el PP y de poco realista por parte del PSOE. Maestre instaba a Almeida a demostrar que trabaja para «las familias y el bien común» comprando el edificio de Tribulete para seguir alquilándolo a las personas que viven en él.

Según la portavoz municipal de Más Madrid, «por supuesto, intentan (los vecinos) que desde el Ayuntamiento se haga algo; por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid hace algo, que es dejar que los especuladores hagan su negocio en esta ciudad de la selva que es, desgraciadamente, nuestra ciudad de Madrid». «Por supuesto el Ayuntamiento puede hacerlo (comprar el número 7 de Tribulete), y demostrar que trabaja para las familias, para el bien común, para los vecinos y no para fondos especuladores extranjeros que no tienen más interés que el propio beneficio».

El alcalde de Madrid respondía este lunes a Maestre de la siguiente manera, recogida por Europa Press: «Rogaría a Más Madrid que se dejara de populismos y de demagogias, que esto pasó también cuando ellos gobernaban y yo no recuerdo que compraran ningún edificio».

La respuesta del primer edil se enmarca claramente en ese juego político del «y tú más» que no entra a valorar el verdadero problema sobre el que la lucha de los vecinos de Tribulete, Salvia o Boldano está poniendo el foco: cómo un puñado de fondos de inversión hacen negocio, de forma tan silenciosa como implacable, especulando con un bien de primera necesidad como es el de la vivienda y aprovechando las oportunidades y ventajas que tanto la ley como el sistema pone a su alcance.

Con el rifirrafe Almeida-Maestre sobre la mesa, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, también ha querido intervenir en el asunto y visitaba ayer a los vecinos de Tribulete para después aclarar que la ley de vivienda estatal contempla que se tiene que «proteger» a estas familias, ya que garantiza el derecho a la vivienda de todas las personas y que evita que se expulse de sus hogares.

Por ello, la socialista reclama a Almeida que sean «garantistas, que apliquen la ley de vivienda y que protejan otra vez a los vecinos de Madrid», descartando, por otra parte, la opción por la que apuesta Más Madrid de una compra municipal del edificio para poder seguir alquilándolo a los vecinos por no ser una medida «realista», debido a que entonces el municipio tendría que comprar «todos los edificios que tienen personas de alquiler».

Sobre la ley estatal de vivienda a la que hace constante referencia Maroto, desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid tienen algo que decir, al considerar que se queda muy corta, permitiendo la «desprotección» de los inquilinos. Entre otras cosas, afirman que la ley no sólo debería limitar el incremento de renta anual que puede aplicar un casero a unos mismos inquilinos sino topar el aumento entre diferentes contratos de alquiler del precio de un mismo inmueble para evitar lo que está a punto de suceder en Tribulete 7, que fondos como Elix den por concluidos los contratos de sus vecinos para devolver los mismos pisos al mercado del alquiler, previo lavado de cara, a cambio de rentas mucho mayores.

Convocatoria de protesta frente a la sede de Elix Rental Housing durante su junta de accionistas

ELIX RENTAL HOUSING, A LO SUYO

Tanto Rita Maestre como Reyes Maroto han criticado el modelo de negocio y la forma de actuar de fondos como Elix Rental Housing, mientras que Almeida no se ha pronunciado al respecto.

Así, la portavoz de Más Madrid ha dicho que el «fondo buitre» pretende «empezar con la práctica mafiosa habitual en este tipo de casos»: «Primero comprar el edificio, subir los precios, expulsar a los vecinos, y convertir lo que son casas de familias en apartamentos turísticos o en viviendas de lujo para unos pocos». «Este caso va creciendo a lo largo de las últimas semanas».

Por su parte, Maroto ha criticado que el fondo de inversión no se haya reunido con los vecinos «de una manera colectiva», sino de forma individual «utilizando mentiras para convencer a los vecinos».«Lo que dicen es que quieren contribuir a incrementar el parque de vivienda de esta ciudad y lo hace expulsando a los vecinos de sus casas, porque estos son sus hogares». «Si quiere contribuir a que haya un parque de vivienda de alquiler, que lo haga sin expulsar a los vecinos, que tienen derecho a tener sus proyectos de vida en las viviendas que llevan tantos años disfrutando», ha afirmado la socialista.

Elix Rental Housing SOCIMI II es un fondo coadministrado por la gestora inmobiliaria Elix y por la firma de inversión AltamarCAM. Que esta última empresa esté dirigida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es algo que se ha destacado en repetidas ocasiones en distintos medios de comunicación e, incluso, en el debate político. Para la realidad de los vecinos de Tribulete 7 es algo que no pasa de ser una mera anécdota que no afecta a lo que les vaya a suceder en un futuro inmediato.

Elix Rental Housing se crea en 2023 como «vehículo destinado a la creación de una cartera institucional de edificios residenciales en alquiler». Sus administradores acumulan experiencia conjunta previa e idéntico proceder a la hora de hacer negocio, según el Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a Infolibre.es. Así, indican que con su anterior proyecto, Elix Vintage, ya adquirieron 22 bloques de viviendas en alquiler en Madrid y en Barcelona y que, tras expulsar a sus inquilinos y renovar los pisos, los vendieron a la aseguradora Allianz en menos de cinco años.

Las conocidas como SOCIMIS, Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliarias, gozan en España de una fiscalidad muy ventajosa a la hora de liquidar el impuesto de sociedades, un tributo que, incluso, puede ser del 0% de reunir ciertos requisitos y que, en cualquier caso, dista mucho del 25% del tipo general con el que se gravan los beneficios de otras empresas.