Fachada del edificio del número 88 de Mesón de Paredes

El número 88 de la calle Mesón de Paredes es uno de los inmuebles que tiene en propiedad en Madrid la familia Campos Cebrián González-Ruano, que pretende vaciarlo de inquilinos para dedicarlo, presumiblemente, al llamado alquiler de media estancia o al alquiler turístico. Quienes viven en el edificio están recibiendo notificaciones en las que se les dice que deberán abandonar sus casas a medida que vayan finalizando sus contratos, que no van a ser renovados. La respuesta de la mayoría de los vecinos afectados, algunos con una antigüedad en esas viviendas de más de 50 años, es la de oponerse a la voluntad de la propiedad y, a través de una negociación colectiva, exigir la renovación de sus contratos. Su caso no es algo singular, sino que se trata de uno más de los conflictos de este tipo que suceden a diario en Madrid y que dejan de ser noticia por su cotidianidad.

En Lavapiés-Embajadores vecinos de edificios como Tribulete 7, Zurita 22, Buena Vista 25 y San Ildefonso 20 atraviesan por una problemática similar. Además de las circunstancias, todos ellos tienen en común otra cosa: con la ayuda del Sindicato de Inquilinas de Madrid se han declarado «bloques en lucha», sus habitantes se niegan a abandonar sus casas, siguen pagando sus correspondientes rentas aún cuando han finalizado sus contratos y, mientras, tratan de buscar soluciones con sus respectivos caseros, poco receptivos a las negociaciones conjuntas. Mesón de Paredes 88 se acaba de unir a este ramillete de rebeldes y van a presentar al barrio lo específico de su situación en una jornada de protesta festiva que han organizado para el próximo día 15 de mayo a las 12 horas, una cita con «música, sorpresas y lucha vecinal», según anticipan.

En Mesón de Paredes 88 hay 28 viviendas, aunque cuatro de ellas ya han quedado vacías y permanecen cerradas tras las puertas blindadas que ha colocado la propiedad para evitar okupaciones. Benjamín Jiménez, uno de los portavoces de estos vecinos, que lleva 13 años viviendo en el edificio y cuyo contrato de alquiler expirará el próximo mes de agosto, asegura que los habitantes de los 24 pisos restantes, entre los que hay «personas mayores, niños, gente en situación vulnerable y un caso de renta antigua», tienen el firme propósito de presentar batalla y exigir la renovación de sus contratos. «No sé lo que pasará en el futuro, pero ahora mismo estamos en una fase de fortaleza y unidad».

Quizá lo especial de lo que sucede en este edificio, si se compara con los otros casos que se dan en Lavapiés, sea el hecho de que la nueva situación a la que se enfrentan sus vecinos no viene motivada por la venta del inmueble a otra empresa o a un fondo de inversión sino por un cambio en la estrategia de explotación del bien por parte de los dueños de siempre, los Campos Cebrián, algo que ya ha quedado de manifiesto en, al menos, dos bloques más de su propiedad situados en otras zonas de la ciudad como General Lacy 22 (Arganzuela) y Modesto Lafuente 8 (Chamberí), donde mantienen frentes abiertos con sus inquilinos por las mismas razones.

Furud 2024 SL, sociedad limitada domiciliada en Salesas y controlada por los González-Ruano, es la empresa que administra actualmente el número 88 de Mesón de Paredes. Según asegura Benjamín Jiménez, mandó un mediador para hablar de forma individual con los distintos vecinos, que se negaron a atenderlo. «Sabemos que es lo que han hecho ya en otros bloques», indica este portavoz, quien reclama una negociación conjunta con todos los inquilinos y lamenta lo difícil que resulta comunicarse directamente con la propiedad.

Este tipo de vaciado de edificios es algo que está sucediendo en Madrid de forma constante y son quienes viven de alquiler en inmuebles de propiedad vertical que pertenecen a un mismo propietario los que tienen más papeletas para encontrarse en un momento dado en esta situación. Según el Sindicato de Inquilinas, en la Comunidad de Madrid hay 30.000 bloques de propiedad vertical. Los casos que salen a la luz pública suelen ser los de los vecinos que se plantan ante la propiedad, inician un contencioso con la misma y denuncian públicamente su situación. Otros muchos, seguramente la mayoría, aceptan sin más su destino, como sucede en Lavapiés, por ejemplo, con los inquilinos del número 20 de la plaza de Tirso de Molina.

EFECTOS DEL PRÓXIMO PLAN RESIDE

Convertir un edificio catalogado de uso residencial en un inmueble dedicado al alquiler vacacional no es algo sencillo si nos atenemos a la legalidad actual y no son pocos los propietarios que, tras conseguir un vaciado de inquilinos, han tenido que recurrir a fórmulas menos reguladas como la del alquiler de temporada para salvar la legislación vigente. Sin embargo, el llamado Plan Reside que el gobierno de Almeida aprobará este mes de mayo y que modificará el Plan General de Ordenación Urbana podría cambiar este tablero.

Dentro del centro histórico, en el que se incluye el barrio de Embajadores, la intención del gobierno local es la de permitir la explotación de edificios enteros «en calles no terciarizadas» como alojamientos turísticos en aquellos casos en los que exista una restauración y rehabilitación patrimonial, limitando ese uso durante 15 años. Transcurrido ese tiempo, el inmueble deberá volver a tener uso residencial.

Según el Ayuntamiento, el Plan Reside tiene como objetivo «proteger a los residentes y no perder población en el corazón de la ciudad brindándoles oferta residencial, apoyar y revitalizar el comercio de proximidad y regular la oferta turística en aras de mejorar la convivencia entre vecinos y turistas». Los críticos con esta norma de próxima aprobación creen que, entre otras cosas, podría incentivar la compra de edificios de inquilinos en el centro histórico de la ciudad para dedicarlos al turismo legalmente durante tres lustros tras rehabilitarlos y tras expulsar de los mismos a sus actuales habitantes.