Vivienda con licencia de uso turístico en la calle Juanelo | Foto: xLAVAPIÉS

Blanco sobre negro, el ayuntamiento de Madrid ha reconocido su fracaso para hacer cumplir la legalidad vigente con la publicación del listado de las viviendas de uso turístico (VUT) que operan en la ciudad con licencia. Según el consistorio, sólo 1008 serían legales en toda la capital, únicamente el 7,47% de los 13.502 pisos vacacionales que estima operan en Madrid.

En el distrito Centro, el que mayor concentración de este tipo de alojamientos presenta, son 158 los negocios que operan con permiso. De ellos, el 46%, un total de 72, se encuentran en Lavapiés-Embajadores. Frente a esta cifra, la real de los apartamentos que, según el sitio web de vigilancia Inside Airbnb, operan como alojamientos para turistas en el barrio se elevaría a más de 2.250.

Según la legislación actual, todos los apartamentos turísticos que no figuran en el listado recién aireado por la municipalidad están fuera de lo legal.

Vivienda de uso turístico con licencia municipal en Travesía de la Comadre | Foto: xLAVAPIÉS

LOS 72 OFICIALES DE LAVAPIÉS

Situados en su práctica totalidad en plantas bajas, en antiguos locales comerciales, los alojamientos turísticos que tienen licencia actualmente para desarrollar este tipo de actividad económica en Lavapiés están situados en las siguientes direcciones:

Amparo 11, Amparo 68, Amparo 86 (bajo y sótano, 2 viviendas), Arganzuela 15, Bastero 7, Cabestreros 11 (2 viviendas), Calvario 25, Caravaca 13, Carlos Arniches 24, Carlos Arniches 28, Carnero 4, Carnero 12, Carnero 14, Colegiata 6 (bajo y entreplanta, 3 viviendas), Concepción Jerónima 33, Doctor Fourquet 17, Dos Hermanas 11, Duque de Rivas 6, Duque de Rivas 8 (primera planta, 2 viviendas), Fe 6, Fe 13, Fray Ceferino González 10 (2 viviendas), Fray Ceferino González 16 (2 viviendas), Huerta del Bayo 4, Jesús y María 22 (2 viviendas), Jesús y María 24, Jesús y María 25, Juanelo 16, Magdalena 22, Mediodía Chica 9, Mediodía Grande 11 (2 viviendas), Mediodía Grande 20, Mesón de Paredes 53, Mesón de Paredes 69 (2 viviendas), Mesón de Paredes 83 (2 viviendas), Ministriles 10, Mira el Río Alta 5, Mira el Sol 3, Olivar 28, Olivar 29, Olmo 2, Peña de Francia 5, Peña de Francia 6, Relatores 8, Ribera de Curtidores 14, Rodas 3, Rodas 6, Rodas 18, Salitre 9, Salitre 23 (2 viviendas), Salitre 26, Salitre 31, San Carlos 17, San Cosme y San Damián 14, Tirso de Molina 20, Torrecilla del Leal 5 (2 viviendas), Travesía de la Comadre 6, Ventorrillo 11 y Zurita 41.

Mapa de las más de 2.250 viviendas de uso turístico que, según Inside Airbnb, hay en Embajadores

PASIVIDAD POLÍTICA, LEGISLACIÓN Y FALTA DE INSPECCIÓN

Ante el fenómeno de las VUT los políticos madrileños se han movido con lentitud. En ninguno de los programas electorales de los distintos partidos que se presentaron a las elecciones municipales de 2015 figuraba este asunto del que, sin embargo, los vecinos de las zonas más céntricas de Madrid y la prensa local llevaban ya hablando algunos años, calificándolo de problema.

Aquellas elecciones colocaron en la alcaldía a Manuela Carmena y, aunque la rápida expansión de este tipo de negocio pronto colocó el asunto en la agenda política, Ahora Madrid aún tardó 4 años en tratar de regularizar el sector, aprobando in extremis al final de su mandato, en 2019, el Plan Especial de Hospedaje, la norma actual por la que se rigen las viviendas de uso turístico y que, en resumidas cuentas, sólo abre la posibilidad de legalizar estos alojamientos turísticos, cuando comparten edificio con otras viviendas de uso residencial, si cuentan con un acceso independiente y que prohíbe la conversión de edificios completos residenciales en edificios de uso terciario hotelero sin un plan especial que valide la operación y que debe ser aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid y, posteriormente, por el Pleno municipal.

Dos viviendas de uso turístico legales en Jesús del Valle | Foto: xLAVAPIÉS

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida, ha dejado pasar toda una legislatura antes de reaccionar ante un fenómeno que, ahora sí, reconocen desde el Ayuntamiento que «acelera la desertización del centro, genera problemas de convivencia con los vecinos, reduce la vivienda residencial y afecta al turismo». Bajo su mandato no ha sido capaz de hacer cumplir la legislación vigente, mientras se ha disparado el número de viviendas ilegales destinadas al alquiler turístico.

Además, habiendo criticado reiteradamente el actual Plan General anti VUT elaborado por el anterior gobierno, su alternativa reguladora, cuyos términos aún se desconocen, no estará lista, como mínimo, hasta el primer trimestre de 2025, tras pasar por Junta de Gobierno el próximo septiembre, ser sometida, seguidamente, a información pública y, finalmente, ir a pleno.

Hasta entonces, a finales del pasado mes el alcalde se sacaba de la manga, como golpe de efecto, el anuncio de la suspensión temporal de las licencias municipales a este tipo de negocios, un endurecimiento del régimen sancionador para aquellos propietarios cuyos inmuebles operen como VUT sin autorización, un pequeño refuerzo de la plantilla de inspectores, el freno a la transformación de locales comerciales en viviendas y esta reciente publicación del listado oficial de VUTs con licencia y ubicación real.

Este listado es una medida que, según dijo ayer el alcalde, en declaraciones recogidas por la agencia EFE, tiene un «doble objetivo, que todos los madrileños sepan cuáles son legales y cuáles son ilegales, y, por tanto, que si quieren denunciar lo hagan con pleno conocimiento para que en el Ayuntamiento de Madrid podamos iniciar las actuaciones en las diferentes comunidades de propietarios» y que «los turistas sepan si el establecimiento en el que se alojan cumple con la legalidad».

Pese a que Almeida también declaraba ayer que, mientras que llega la modificación legislativa del sector que prepara su gobierno, el Ayuntamiento seguirá «clausurando» viviendas ilegales de uso turístico, lo cierto es que el actual número de inspectores dedicados al control de esta actividad es a todas luces insuficiente e incide en uno de los puntos débiles del Plan de Hospedaje de 2019, una norma que nació sin la estructura suficiente para lograr su aplicación.

Según datos oficiales, el Servicio de Inspección y Disciplina del Ayuntamiento recibió en 2023 686 denuncias sobre viviendas y apartamentos de uso turístico y, tras realizar 4.093 inspecciones, detectó 478 VUT ilegales, logrando la vuelta al uso residencial de 243 de ellas.