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Durante el año 2023 se iniciaron en el distrito Centro de la capital 174 expedientes de restablecimiento de la legalidad que afectaron a 269 viviendas de uso turístico (VUT). Como resultado de estas acciones, «se ordenó el cese de la actividad de 139 viviendas de uso turístico y se archivaron, por restablecimiento de la legalidad, otros 84 casos, al no dedicarse las mismas ya al alquiler vacacional», según fuentes municipales.

Respecto a sanciones, el Ayuntamiento indica que «se iniciaron 155 expedientes, de los que en 110 se han impuesto sanciones, 3 han sido sobreseídos y 42 están aún en tramitación».

En materia de ejecuciones forzosas «se iniciaron 207 expedientes de ejecución sustitutoria para verificar si se estaban cumpliendo las correspondientes órdenes de cese de viviendas de uso turístico y, en caso de incumplimiento, proceder a la imposición de multas coercitivas. De ellos, 44 fueron archivados al haberse reestablecido la legalidad urbanística. Así mismo, se impusieron un total de 70 multas coercitivas por incumplimiento de órdenes de cese de la actividad y el resto están aún en tramitación».

Los anteriores datos se han hecho públicos a raíz de la pregunta que el grupo municipal socialista planteó el jueves pasado durante el transcurso del pleno de la Junta Municipal de Centro: «¿Cuántas viviendas de uso turístico, de las que operan en el distrito centro, han sido inspeccionadas en 2023 y con qué resultado en cuanto a lo relativo a expedientes incoados por disciplina urbanística, restitución de la legalidad urbanística, y sanciones que han generado dichas inspecciones y/o la clausura de la actividad?»

Un estudio de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, elaborado con datos del portal Inside Airbnb, estima que en la capital operan alrededor de 21.000 viviendas de uso turístico, una cifra que el INE rebaja a 13.502. En lo que sí coinciden ambas fuentes es en la existencia de algo más de 6.000 VUT en el distrito Centro (6768 según los vecinos -vía Inside Airbnb- frente a las 6229 que estima el INE). Así, según estos datos, durante el año pasado el Ayuntamiento sólo habría ordenado cesar su actividad al 2,13% de las VUT que operan ilegalmente en el distrito.

El pasado mes de noviembre la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid puso en marcha la Oficina de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico en el número 38 de la calle de Lavapiés. El cometido de esta Oficina no es otro que el de asesorar sobre las acciones que pueden tomar vecinos y comunidades de propietarios ante la proliferación de pisos turísticos ubicados en sus inmuebles y barrios y que en su inmensa mayoría (95%) son ilegales.